Seguridad vial: una crisis que enfrenta RD
La República Dominicana enfrenta una crisis alarmante en cuanto a los accidentes de tránsito, una situación crítica según datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Desde el año 2000, el país ha liderado consistentemente las estadísticas globales de mortalidad en las vías, siendo los accidentes en motocicletas y los fallecimientos entre personas de 16 a 35 años los más preocupantes desde 2010.
En el año 2023, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) registró 1,994 muertes por accidentes, destacando que 1,661 de las víctimas eran de sexo masculino. Por otro lado, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora reportó que atendió a 11,062 personas por accidentes de tránsito durante el mismo año, siendo las motocicletas responsables de la gran mayoría de los casos.
Entre 2015 y 2020, se registraron 10,772 muertes en accidentes de tránsito, mostrando un aumento anual superior al 40%. Las motocicletas representaron el medio de transporte con más víctimas mortales, seguidas por los peatones.
En un reciente informe titulado «Institucionalidad y Gobernanza en la Eficacia de las Políticas Públicas de Seguridad Vial», el Defensor del Pueblo puso de relieve una preocupación fundamental: el cumplimiento de la Ley 63-17 sobre Tránsito Terrestre. Este estudio revela que el cumplimiento efectivo de esta legislación es un factor determinante para mejorar la seguridad vial en nuestro país.
Estas estadísticas son preocupantes y nos llevan a la reflexión de que el tránsito en nuestro país ha pasado de caótico a peligro nacional, que un acto de imprudencia ciudadana al circular por la calle ha llegado a ser igual o más riesgoso que un acto delictivo planificado. Un país en donde ningún habitante está exento de ser víctima, aun cumpliendo con las normas de tránsito.
Es prioridad que el Poder Ejecutivo intervenga y reúna, en un único cuerpo, todas las entidades vinculadas al tránsito con el objetivo de armonizar las políticas públicas con un enfoque integral que combine legislación efectiva, aplicación de sanciones y una sólida educación vial.
Fuente: https://elnuevodiario.com.do/
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