Presidente Gobierno justifica acciones contra controladores aéreos españoles

España.- El presidente del Gobierno ha justificado la gestión del Ejecutivo -que ha incluido la declaración del estado de alarma en el país- para doblar el pulso de los controladores aéreos, asegurando que este colectivo utilizaba la negociación colectiva ‘en fraude de ley’ hasta el punto de llevar al país a un ‘estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar’.

Zapatero ha reconocido que ‘desde hace días’ se tenía conocimiento del ‘riesgo cierto’ de que los controladores llevaran la situación a un punto insostenible, puesto que ya habían empezado a mostrar sus cartas en el aeropuerto de Santiago y posteriormente en Canarias. En ambas plazas, los controladores empezaron a dejar de asistir al trabajo alegando que ya habían cumplido con las 1.670 horas de trabajo que les asigna anualmente el decreto de 5 de agosto.

Por ello, y ante el peligro de que el problema se extendiera, el Ejecutivo, tal y como ha explicado el presidente emitió un nuevo decreto, el viernes día 3, precisando qué se entendía por horas operativas y cuáles debían sustraerse de este concepto. Con ello, se desató el caos.

El Gobierno intentó negociar de nuevo con los controladores en la noche del viernes 3 pero todo resultó en vano, tal y como ha admitido Zapatero ante el pleno de la Cámara. El presidente, de hecho, ha reconocido que el Gobierno haciendo uso de sus ‘facultades ordinarias’ fue incapaz de embridar a los rebeldes que habían conducido al país a una situación ‘calamitosa’.

Fue entonces, cuando el presidente, tal y como el mismo ha precisado, decidió aplicar el estado de alarma, algo que, ha dicho, ‘ha dado resultado’. La aplicación de este estado por primera vez en democracia ha conllevado la militarización de las condiciones laborales de los controladores, pese a que son trabajadores civiles.

Zapatero ha afirmado ser consciente de que esta aplicación de la jurisdicción militar suscita dudas, pero él la ha defendido insistiendo en que el Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante ‘medios menos excepcionales’, cumpliendo de modo estricto con el ‘principio de proporcionalidad’ que subyace a la previsión del estado de alarma y que exige que la situación a que viene a dar respuesta no pueda ser gestionada mediante los instrumentos ordinarios con los que cuenta el Gobierno’.

Según el presidente, los controladores se mostraron ‘en abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas y con sus instituciones’. En definitiva, todo ello suponía una ‘afrenta al orden público constitucional’ y como tal, puntualizó, ‘había que abordarla’.

Por todo ello, y de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 1981 que regula los estados de alarma, sitio y excepción, el Ejecutivo decidió que los controladores quedaran bajo las órdenes directas de ‘la autoridad competente’, así como la de ‘imponer servicios extraordinarios por su duración o naturaleza, y la aplicación de un régimen sancionador de especial efectividad y carácter disuasorio’.

El problema surge cuando se comprueba que no existe en la legislación actual, tal y como ha explicado Zapatero, una normativa que regule la ‘movilización de personal o empresas’ para cubrir los servicios necesarios en caso de estado de alarma. Por esta razón, el presidente consideró que la norma supletoria que debía activarse era la militar.

‘No existiendo’, ha explicado Zapatero, ‘en el momento presente normativa vigente específicamente reguladora de la movilización del personal de empresas o servicios, es obvio que el único derecho supletorio aplicable a la materia es el mandato contenido en el artículo 8 del Código Penal Militar aprobado por ley orgánica 13/1985 de 9 de diciembre’.

Según el presidente del Gobierno, la conclusión ‘es sencilla’. De acuerdo con su tesis: ‘No se contempla la extensión de la Jurisdicción Militar a personas o hechos no comprendidos en el Código Penal Militar (como sí puede ocurrir en el estado de sitio), sino la aplicación del derecho penal y procesal disciplinario militar a quienes, en virtud de una disposición amparada por el artículo 116.1 de la Constitución y la ley orgánica 4/1981, tienen temporalmente la condición de militares a tales efectos’.

Al término de su intervención, Zapatero se ha comprometido a ‘depurar responsabilidades’ y ‘resarcir daños’ porque una situación como la vivida ‘no puede volver a repetirse’. ‘Nadie puede tomar como rehén de sus reivindicaciones al conjunto de los ciudadanos’, ha sentenciado el presidente, quien ha asegurado que ‘no dudará en utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para evitar o poner fin a situaciones como las que hemos vivido’.