Presidente de los EE.UU ordenó revisará política sobre deportaciones

Whashington.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ordenó al secretario del Departamento de Seguridad Nacional.

Johnson, revisar las políticas de deportación, dijo ayer Jay Carney, secretario de prensa de la Casa Blanca, para responder a la información de que bajo el actual gobierno estadunidense han sido deportadas dos millones de personas, dos terceras partes de ellas por infracciones menores.

Sin embargo, Carney afirmó que 98 por ciento de las deportaciones se ajustan a una o más de las prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), que mediante el programa Comunidades Seguras puede deportar a migrantes indocumentados que son detenidos por esas infracciones menores.

Carney explicó que según esos criterios, aun aquellas personas que han sido convictas de delitos menores de manera repetida caen en el radar de las prioridades establecidas por el ICE.

“Es importante notar que 82 por ciento de los individuos expulsados de Estados Unidos tenían condenas previas por delitos penales, y 72 por ciento fueron previamente condenados por infracciones a (leyes de) la Oficina de Inmigración y Aduanas de nivel uno y dos. Estos individuos fueron condenados por delitos agravados y otros delitos graves”, aseveró.

Según el portavoz, lo que Obama ha pedido a Jeh Johnson es “una revisión” de las políticas de deportación, para asegurarse de que “dentro de los límites de la ley” se realizan “de la forma más humana posible”.

La decisión de revisar las prácticas de los agentes de migración anunciada por Carney llegó un día después que el diario The New York Times reveló que el presidente Obama no sólo no ha cumplido sus promesas de campaña a los inmigrantes que lo apoyaron –en su gran mayoría mexicanos–, sino que los castigos que se les aplican llaman la atención por su crueldad y el gran número de afectados.

A cinco años de que inició la administración Obama, ese diario afirmó que ha estado muy ocupada “desgarrando” la unidad familiar de los trabajadores indocumentados y tratando a 193 mil de ellos como criminales por violar leyes de tránsito.

“Un análisis del New York Times a expedientes internos del gobierno muestra que desde que el presidente Obama asumió el cargo, dos terceras partes de los casi dos millones de casos de deportaciones involucran a gente que había cometido infracciones menores, incluyendo infracciones de tráfico o que simplemente no tenían ningún antecedente penal”, señala un artículo firmado por Ginger Thompson y Sarah Cohen.

Agrega que apenas 20% de de las deportaciones involucran a personas convictas por crímenes serios, entre ellos vinculados con drogas, mientras Carney aseguró que 93% de deportados no criminales fueron infractores reincidentes de las leyes migratorias.

Recuerdan sus promesas

El reportaje, publicado el domingo pasado, contrasta con los discursos de Obama cuando buscaba la Presidencia y con el promedio diario de 34 mil detenciones para cubrir la meta de unas 400 mil en promedio al año.

“Cuando las comunidades son aterrorizadas por las redadas de inmigrantes de la ICE, cuando a las madres que amamantan les arrancan a sus hijos, cuando los hijos llegan a casa de la escuela para descubrir que sus padres han desaparecido, cuando la gente es detenida sin acceso a asesoría legal, cuando todo eso sucede, el sistema sencillamente no está funcionando”, decía en 2008 el entonces candidato presidencial Obama, recordó el diario neoyorquino.

En contraste, la investigación que The New York Times hizo con la información oficial de dos millones de deportaciones en los últimos cinco años, obtenida bajo la ley de transparencia estadunidense FOIA, reveló que en 2013 el 90 por ciento de inmigrantes infractores de las leyes de tránsito fueron castigados con cinco años de prohibición para regresar a ese país, con la amenaza de pena de prisión.

Ante esto, Jeb Bush, exgobernador de Florida y casado con una mexicana, declaró ayer que muchos indocumentados han ido a trabajar a Estados Unidos como “un acto de amor” a sus familias, como padres preocupados de que sus hijos tengan comida en la mesa.

Vestido como obrero intentó ingresar a San Diego

Un indocumentado mexicano fue detenido cuando tomaba café en un aparente momento de descanso, al hacerse pasar por un obrero en la remodelación de la garita de San Ysidro, la más transitada entre México y Estados Unidos.

El hombre, de 33 años, portaba un chaleco anaranjado y un casco de obrero. Descansaba aproximadamente a las 6:30 de la mañana ya dentro de territorio estadunidense cuando un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza sospechó y le pidió que mostrara su identificación.

Como el mexicano carecía de gafete, fue llevado a revisión y reconoció que no tenía documentos legales.

Aduanas y Protección Fronteriza lo puso en proceso de deportación, informó la portavoz en San Diego, Angélica DeCima.

Es la segunda ocasión que se registra un incidente similar. El jueves 27 de octubre de 2011, las autoridades fronterizas habían detenido a otro indocumentado mexicano que ingresó desde Tijuana a la garita de San Ysidro con ropa de obrero.

En esa ocasión, el hombre originario de Querétaro desconocía completamente el idioma inglés, así que cuando un oficial le ordenó que se detuviera simplemente siguió su camino, lo que originó sospechas.

La garita de San Ysidro es la más transitada de las 42 que unen a México y Estados Unidos, y según el Departamento de Comercio es el punto fronterizo más transitado en el mundo.

En promedio diario cruzan por ahí 50 mil vehículos y cerca de 35 mil peatones de México a California.

Cuestionan reacción de congresista

La Hermandad Mexicana en el condado de Orange, en California, reprochó ayer que la congresista Loretta Sánchez llamó a la policía y pidió que detuviera a tres jóvenes que se manifestaban ante su oficina para exigir que firmara una carta circulante que pide al presidente Barack Obama detener las deportaciones.

Los jóvenes Luis Ramírez, Dulce Saavedra y Jonathan Bribiesca, los tres del distrito electoral de la congresista, protestaban sentados ante la oficina de Sánchez para exigir que firmara la carta, cuando la legisladora llamó a la policía, dijo el presidente de la organización, Sergio Trujillo.

“Es muy mal mensaje de parte de una legisladora que ha dicho que apoya una reforma migratoria y que obtuvo muchos votos con esa declaración”, comentó Trujillo en conversación telefónica con Excélsior.

Los tres jóvenes, quienes se acogieron al programa de Acción Diferida, que les permite permanecer en el país legal y temporalmente aunque llegaron como indocumentados cuando niños, demandaban a Sánchez firmar una carta circulante que pide ampliar ese mismo programa a los padres de familia sin residencia legal.

La carta, presentada en diciembre por sus autores, los legisladores Yvette Clarke, de Nueva York, y Raúl Grijalba, de Arizona, obtuvo apoyo inmediato de otros 29 congresistas e inició un proceso itinerante por ciudades de Estados Unidos.

En California fue firmada por los ayuntamientos de Los Ángeles y San Francisco, entre otros.

Loretta Sánchez, hija de inmigrantes de Sonora, permanecía al cierre de esta edición sin proporcionar su versión a la prensa.

Fuente: http://eldemocrata.com


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