Nueva ley de Aduanas: ¿Cuáles ventajas trae para el sector aduanero?

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Las aduanas son la puerta de entrada y salida de mercancías que se importan y exportan, así como del flujo de personas que entran o salen de nuestro país. Su papel es clave para el control del flujo de productos y/o mercancías, para la seguridad nacional y claro, para la recaudación de impuestos al comercio.

Derivado de la importancia que suscitan las aduanas para los países y para el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional, su modernización es clave a la hora de facilitar el comercio global, ya que permite a los usuarios integrarse en las cadenas de valor, ahorrar en tiempo, dinero y gracias a la agilización de trámites, también en esfuerzo.

En ese sentido, República Dominicana estaba cientos de pasos atrás en esta materia. Por lo tanto, era prácticamente una obligación dejar atrás una larga espera de décadas en intentos fallidos para la modificación de la antigua Ley de Aduanas, considerada como una regulación totalmente desactualizada de la realidad del comercio local e internacional, para dar paso a una normativa acorde a nuestros tiempos.

Con todos estos antecedentes, el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, dio a conocer la promulgación de la nueva Ley de Aduanas, cuyo principal objetivo es precisamente eficientizar y adaptar la anterior ley con las normas y estándares internacionales, en consonancia con la realidad de la legislación nacional.

El mandatario dominicano enfatizó que esta nueva normativa sigue los lineamientos de política comercial establecidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y argumentó que “el objetivo es recuperar la economía y dinamizar el comercio a través de la simplificación y eliminación de trámites burocráticos y vacíos legislativos, aportando mayor racionalidad al sistema tributario nacional y al marco regulatorio del comercio internacional”.

Así, la nueva ley, la número 198-21, compuesta por 420 artículos, establecerá las distintas directrices sobre las cuales se sustentará la institución y se adaptará a los acuerdos internacionales comerciales y aduanales suscritos por el país en los últimos 30 años.

Dentro de los cambios, se destacan medidas de facilitación de comercio, se tipifican cinco delitos, regula las empresas de envíos rápidos (couriers) y reconoce el uso de tecnología no invasiva en la inspección aduanera, como rayos X. Asimismo, el nuevo texto legal moderniza y hace más segura a la Dirección General de Aduanas de la República Dominicana (DGA) y controla de mejor manera la mercancía comercial.

Los principales sectores económicos y legales del país aplaudieron esta normativa. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) considera que esta pieza legislativa mejorará el clima de inversión nacional y extranjera en el país.

Cabe recordar que Amchamdr, colaboró durante más de 10 años con distintos sectores para la aprobación de esta nueva ley y entiende que su puesta en vigencia establecerá las condiciones propicias para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional y destino de Nearshore integrada a la cadena de suministro norteamericana.

En tanto, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, destacó que esta nueva Ley de Aduanas, entre otros beneficios, castiga el delito de lavado en el comercio de mercancías, crea la Procuraduría Especializada para investigación de los crímenes y delitos aduaneros y procura que la DGA participe más en los procesos de la integración económica internacional, acogiéndose a las nuevas normas del comercio exterior.

Asimismo, Eduardo Sanz Lovatón, director de Aduanas, manifestó que la promulgación esta ley representa un avance hacia convertir a República Dominicana en el hub logístico de la región.

Con esta promulgación, se pone fin a la modificación de la Ley de 1953 para el Régimen de las Aduanas. Pues, por su antigüedad era omisa en cuanto a diversos principios de derecho aduanero; no recogía los avances económicos, jurídicos, tecnológicos e institucionales del país y no era compatible con los acuerdos y compromisos internacionales actuales.