Ministro de Defensa civil: ¡Aaayyy, se joderán los guardias!
Un hecho incontrovertible es que a los políticos dominicanos no les gusta sólo oler donde otros guisan, y mucho menos si ellos son los titulares o caciques de las instituciones en las cuales se prepara el festín.
La anterior reflexión es ante la posibilidad de que un civil pueda ser Ministro de Defensa. La actual Ley No.139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas así lo permite, dejándolo a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
No obstante, es menester recordar los encendidos debates que generó este tema cuando se discutía la referida ley en el Senado de la República. Pero sobre todo el proyecto para modificar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, sometido a finales de agosto de 2017 por tres Senadores y mediante el cual plantean que el Ministro de Defensa sea siempre un civil, en plenitud de sus derechos civiles y políticos; y que de seguro se conocerá en la legislatura ordinaria que comienza este 27 de febrero.
Algunos vacíos en la Ley No.139-13 y que parecen no fueron debidamente analizados por los notables oficiales que elaboraron esta pieza legislativa, podrían complicar dicho nombramiento.
Por ejemplo, la Ley establece que el Comandante General Conjunto es la máxima autoridad militar designado por el Presidente de la República para el ejercicio del mando directo de los cuerpos armados, cuando el Ministro de Defensa no sea militar; entonces cabría preguntarse qué pasaría si los Vice Ministros son militares, lo cual no prohíbe la Ley, pues entonces ellos serían jerárquicamente superiores del Comandante General Conjunto (quien ostentaría el rango de Teniente General o Almirante), pero con menor rango.
De ser así, necesariamente será un político, aunque esté revestido de la condición de un militar retirado. Y sin ser mago, ni tener una bola de cristal para predecir el futuro, nos atrevemos a pronosticar que dicha designación sería muy perjudicial para las instituciones castrenses dominicanas.
De entrada, no hay ningún lugar a dudas que se entronizará hasta los tuétanos la política partidaria dentro de las fuerzas armadas y con sus consecuentes negativas secuelas; actividad vedada constitucionalmente a los militares, pero que ya de por sí erosiona la institucionalidad de las mismas.
Asimismo, se incrementará la burocracia de manera exponencial, pues amén de todos los cargos creados por el Ministro para colocar a sus conmilitones políticos; sería necesario nombrar a los Subcomandantes Generales Conjuntos por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y todos estos gastos tendrían que salir del presupuesto y en desmedro de la calidad de vida de los soldados dominicanos.
Podrían alegar algunos que en la mayoría de países el Ministro es un civil, ya que un ministerio es en esencia un ente público político y administrativo que necesariamente no tiene que ser dirigido por un militar. Y que los militares asesorarían al Ministro en los asuntos de carácter castrense y convierten las directrices gubernamentales en planes y órdenes de operaciones.
Ni siquiera tendrían razón quienes invocan a la necesidad de que un Ministro civil puede asumir la responsabilidad política en caso de ciertas actuaciones, en vista de la naturaleza poco bélica de las amenazas que deben enfrentar nuestros militares.
Tampoco les da la razón a quienes demandan al civil, el fundamento de que se tendría un mejor presupuesto para las entidades castrenses. Para este año 2018, el presupuesto del Ministerio de Defensa (MIDE) es de veintinueve mil ochocientos treinta y cuatro millones trescientos seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos dominicanos (RD$29,834,306,484.00), lo cual representa, con respecto al año 2017, un aumento de seis mil doscientos ochenta y cinco millones cuarenta y cinco treinta y ocho pesos dominicanos (RD$6,285,045,038), lo que equivale a un aumento porcentual de un 21%.
Con este presupuesto, el MIDE sólo es superado por los siguientes Ministerios: la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública y Asistencia Social, Obras Públicas y Comunicaciones, y lógicamente el Ministerio de Educación, último éste beneficiado con un cuatro por ciento (4%) del Producto Interno Bruto (PIB); a la vez que se evidencia la visión de los diferentes componentes del Estado Dominicano de la necesitad de unas sólidas fuerzas armadas.
Otros alegarían que existe un precedente en el país, analizando la relación entre el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional. Entendemos que hacer dicha comparación sería una falacia, pues ese Ministerio no tiene ni la necesidad de tener sus oficinas principales dentro de la Policía Nacional, y de su presupuesto anual quizás un poco más de la mitad va dirigido a la Policía Nacional.
En adición, el Ministerio de Interior y Policía ofrece una serie de servicios que para nada dependen de la Policía Nacional, tales como: las licencias de armas de fuego, servicios de naturalización y migratorios, permisos para parques y billares, todo lo relativo a permisos para fuegos pirotécnicos, y diversos servicios jurídicos; a través de los cuales esa entidad genera una importante suma de recursos económicos.
De igual modo, del Ministerio de Interior y Policía dependen los Gobernadores Civiles, y esa entidad tiene una serie de programas que gestiona, destacándose el de control de bebidas alcohólicas. Todo esto con una nómina de quinientos cincuenta (550) empleados y una erogación mensual de más de veinte millones de pesos dominicanos (RD$20,000,000.00).
Entonces no sería capcioso preguntarse, ¿Sería el Ministro de Defensa civil una figura decorativa o una especie de sello gomígrafo?
En caso de esta elección materializarse, sería apoteósico ver llegar a ese nuevo funcionario en compañía de su “equipo de trabajo”, todos y cada uno de ellos goloseando ser colocados en un puesto donde haya “grasa” o hasta exigiendo ser ubicados donde se dé la “goma”.
Si es de esos que nunca se han comido un “chao”, probablemente un civil “Magister en Seguridad y Defensa”, pero con la mentalidad de troglodita y un desconocimiento total sobre las necesidades y tradiciones de nuestros soldados; entonces el constante match por imponerse a los guardias generaría incomodas situaciones.
Como epílogo, encarecidamente pedimos al señor Presidente Constitucional de la República imponer su liderazgo para frenar las pretensiones de algunos de nuestros honorables Senadores; pues la colocación de un civil en el Ministerio de Defensa, al menos por el momento, no es conveniente para nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Y es notorio que Su Excelencia opina de igual modo, porque aún teniendo la facultad legal de hacerlo, ha preferido mantenerlo bajo la dirección de los militares.