Ministerio Público teme extinción de la acción penal en el caso Medusa

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El Ministerio Público teme que el caso de corrupción en el que se acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez concluya como otros de supuestos robos al Estado, en los que los procesos se han declarado extinguidos por vencer el tiempo máximo de cuatro años estipulado por la ley.

El expediente que señala a Rodríguez, con más de dos años en la justicia, se encuentra en la etapa de “audiencia preliminar”, en la cual no se ha discutido el fondo y en cuya fase el juez deberá concluir con un rechazo “total o parcial” de la acusación o, de lo contrario, admitirla y enviar a juicio de fondo.

El pasado viernes, el magistrado Amari Martínez rechazó la solicitud del órgano persecutor de que se le permitiera leer de manera abreviada el expediente, que cuenta con 12,274 páginas y considerado el de mayor “precedente” en el país, por su grosor y el número de sindicados.

Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) empezaron a leerlo el día 10 de junio y casi cuatro meses después no llegan a las 6,000 páginas, de las 12,274. La Pepca involucra a un total de 63 imputados. Además de Rodríguez, en Operación Medusa, se incluye a otras 40 personas, entre exfuncionarios y empresarios, y 22 compañías, señalados en sobornos y asociación de malhechores.

Más de un año

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, recordó el pasado viernes al juez Amauri Martínez que él recibió el caso de corrupción el 2 de julio del 2022, por lo que sobrepasa el año en el Tercer Juzgado de Instrucción que preside. La fiscal explicó que los principios del Código Procesal, otorgan los mismos derechos que tienen los imputados al órgano acusador, que es el de igualdad ante la ley, razón por la que, aseguró, también se le debe garantizar el plazo razonable.

“Este proceso, usted magistrado, lo recibió el 2 de julio del 2022, cumplimos un año, si hubiese sido un bebé, ya caminara y corriera”, se quejó Reynoso previo a que el magistrado rechazara la petición de que se le diera lectura sucinta al voluminoso expediente.

Reynoso: “Extinción no será atribuible al MP”

Ante las tediosas y extensas audiencias del juicio preliminar por la lectura que hacen los fiscales que se turnan para avanzar las páginas, Reynoso dijo: Aquí “se viene a dormir y en nada se viene a cumplir con el principio de razonabilidad”.

En ese sentido, llamó al juez Amauri Martínez a que expusiera los fundamentos en los que “una presentación sucinta de la acusación es violatoria al principio de razonabilidad y al artículo 300 del Código Procesal Penal”.

La procuradora adjunta instó al tribunal a que lo estableciera porque, según afirmó, la Suprema Corte de Justicia ya había decidido que “si es para tutelar derechos el proceso puede durar todo lo que dure y no hay duración máxima ni extinción”. Agregó que era “importante” que eso se aclarara porque, “cuando se quiera deducir de este proceso, una duración máxima y una extinción no será atribuible al órgano acusador”.

Al justificar su decisión, Martínez dijo que esa solicitud la había hecho el Ministerio Público en agosto y que el tribunal “instituyó en fecha y no hubo recurso de oposición”.

Balcácer: “MP está desesperado”

Carlos Balcácer, uno de los abogados del exprocurador, entiende que después que el Cuarto Tribunal Colegiado declarara la extinción de la acción penal del caso de los sobornos para la compra de los aviones Super Tucano, el Ministerio Público “está desesperado porque ya ve que es un nuevo paradigma del Poder Judicial respetar los plazos”.

Al motivar su dictamen a favor del exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña Antonio, y demás acusados, el tribunal colegiado citó el artículo 148 de la Ley 10-15 sobre el máximo del plazo, que son cuatro años y cinco años, en caso de condena absolutoria a los fines de permitir la tramitación de los recursos.