Las tabaqueras españolas van a luchar para que la Ley Antitabaco no se cumpla

España se convertirá en los próximos meses en un campo de batalla donde dos contendientes, la industria tabaquera y sus aliados, por un lado, y las autoridades sanitarias y los médicos, por otro, librarán un combate a cuenta de la nueva Ley Antitabaco.

Los primeros tratarán de convencer a la sociedad de que la norma es un atentado contra las libertades y un motivo de ruina económica, mientras los otros tratarán de que la ley, producto de un elevado consenso parlamentario, no se convierta en papel mojado.

Este es el escenario que dibujó ayer, con otras palabras, el doctor Armando Peruga, gerente de la Iniciativa Libre de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El máximo responsable de la organización en temas de tabaquismo estima que los primeros seis meses de vigencia de la norma serán esenciales para ganar la batalla de la salud frente a la industria tabaquera, un sector ‘poderoso’ que seguirá trabajando en la sombra para que la ley fracase, pese a que entre las autoridades existe consenso acerca de su elevado cumplimiento.

‘Tenemos enfrente a una poderosa industria que va a seguir luchando para que la ley no se cumpla y para que sufra algún retroceso’, dijo Peruga, que participó en un debate organizado por la Asociación de Informadores de la Salud. Para Peruga, aunque es normal que tras la aprobación de una ley haya cierta ‘relajación’, lo cierto es que ‘el trabajo acaba de empezar’.

El ejemplo español

La batalla, además, será especialmente cruenta porque ‘el cambio legislativo en España no es un cambio cualquiera’ para la industria. Esta utilizaba la anterior ley de 2005, que sí permitía zonas para fumadores en la hostelería, como ejemplo en otros países. En este contexto, la ley ha sido un ‘golpe muy duro’ para sus intereses. ‘La industria ha vendido el anterior modelo español como excelente y algunos países lo han comprado’, dijo. Por lo demás, el actual modelo español no es el único, pues es compartido por otros 29 países, entre ellos Reino Unido, Grecia o Canadá.

Para tratar de ‘echar para atrás’ la ley, la industria y sus ‘aliados’ que para Peruga son la asociación Fumadores por la Tolerancia y la Federación Española de Hostelería (FEHR) tienen todo un arsenal a su disposición, como plantear la cuestión como un debate sobre las libertades individuales, y no sobre salud pública; elevar a categoría los incumplimientos puntuales o presentar estudios sobre perjuicios económicos ‘no probados’.

Sin impacto económico

Sobre este particular, y pese a las estimaciones de pérdidas futuras esgrimidas por la FEHR, Peruga afirma tajante que los estudios ‘rigurosos e independientes’ demuestran que este tipo de leyes no tienen ‘ningún tipo de impacto negativo’. ‘Consciente o inconscientemente, los hosteleros han sido alimentados con la argumentación de la industria tabaquera. Sabemos, por ejemplo, que la mayor federación ha recibido dinero de Philip Morris [es uno de los patrocinadores de la web de la FEHR] y no lo oculta, por algo será’, agregó.

La federación, en cualquier caso, tiene previsto pedir al Gobierno y los partidos que dejen en suspenso la ley y presentará una iniciativa para modificarla, mientras que, por otro lado, la Asociación Empresarial del Tabaco prefirió no pronunciarse sobre las acusaciones de Peruga. Por su parte, el portavoz de Fumadores por la Tolerencia, Javier Blanco, indicó ayer que ‘hay que cambiar la ley’ porque es ‘injusta’. La asociación se reunió con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, para expresarle su opinión sobre el impacto de la norma, tanto en el ámbito económico como en el de las libertades.

En cuanto al cumplimiento, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, insistió en que es ‘altísimamente satisfactorio’ y afirmó que el número de denuncias es ‘escaso’.