La plaga de los motoristas

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La enorme mayoría de los motoristas irrespeta todas las leyes y normas básicas del tránsito. No usan cascos de protección, transitan con el número de pasajeros que les plazca y conducen de forma temeraria. Para ellos los semáforos no existen, las vías ni los carriles tienen direcciones predeterminadas y las aceras no son para uso exclusivo de los peatones. En fin, que hacen lo que les viene en ganas sin que de ello deriven consecuencias. Provocando tal nivel de tensión en los demás conductores, que prácticamente convierten el simple ejercicio de conducir un vehículo de motor en un deporte extremo.

Pero su “aporte” no se queda en potenciar el caos del tránsito, pues también inciden en otros aspectos que afectan la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, y para sólo citar los más obvios, el costo que representan los accidentes de tránsito y la cantidad de delitos cometidos en motocicletas.

Tres de cada cuatro accidentes de tránsito involucran motocicletas, y en buena parte de estos se producen muertes o heridas graves. Estadísticas en las que somos lideres mundiales, y que para el país representa un costo aproximado de dos por ciento del Producto Interno Bruto. Es decir unos 150 mil millones de pesos.

Y casi un ochenta por ciento de los delitos en República Dominicana se cometen en motocicletas. Crímenes de todo tipo, desde ratería común hasta sicariato al servicio del narcotráfico y el crimen organizado.

Pero a pesar del gran problema que representan, las autoridades no parecen dispuestas a adoptar medidas enérgicas e integrales para controlar esta “plaga”.

Como se trata de un problema social y de seguridad ciudadana bastante complejo, no es un asunto para dejarlo en manos del INTRANT o la DIGESETT con un simple “apliquen la ley”. En parte, por esa levedad de alcance fracasó el Plan Nacional de Registro de Motocicletas.

Cualquier plan o programa que pretenda ser exitoso debe contar con el respaldo y el acompañamiento cercano de lo más alto del poder político. Y para eso no tienen que reinventarse la rueda o el hilo en bollito. Otros países lo han conseguido con notable éxito. Pero es necesario, primero invertir, y luego fiscalizar sin miedos.

Registrar todas las motocicletas en la DGII y otorgar matriculas a sus propietarios, obviando la legalidad de su origen. Dotar de cascos protectores adecuados a quienes no lo tengan, numerados en coincidencia con la chapa del motor. Todo a cuenta y costo de los contribuyentes. Y ya registrados, fiscalizarlos sin ceder al chantaje del “padre familia”.

Los violadores de las leyes de tránsito y los delincuentes serían fácilmente identificables. Tanto por el casco y la chapa como por la ausencia de estos, ya que esto último bastaría para identificar un perfil sospechoso.

Imposible pensar en un abordaje como este antes de las elecciones. Pero todo parece indicar que el presidente Abinader se reelegirá en mayo… Y que lo haría con abundante capital político.

Ojalá que después de las elecciones se anime a tomar ese toro por los cuernos.