Santo Domingo.- El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo dictó la pena máxima en contra de Jesús Reyes González, implicado en la muerte de al menos siete taxistas. De acuerdo a la sentencia, Reyes González, de 22 años, debe cumplir la pena de 30 años en la cárcel del kilómetro 15 de Azua.

En tanto que el tribunal descargó por insuficiencia de pruebas a Ángel Joel Santana, de 20 años, otro de los implicados en el caso de una banda de malhechores, integrada también por varios menores de edad, que alegadamente se dedicaba a llamar servicios de taxis y asesinar a los taxistas en el municipio Santo Domingo Este, para robarles dinero y otras pertenencias.

Al momento de apresar a los menores acusados de pertenecer a la banda se les ocupó un revólver, armas blancas y otras herramientas utilizadas para sus acciones criminales.

Los taxistas asesinados fueron identificados como Anito Beltrán, ultimado por heridas de bala el día 14 de enero, en el residencial Los Molinos, de la avenida Charles de Gaulle; Estanislao Cayetano Pascual, por heridas del mismo tipo, el 25 de diciembre de 2009; Jhonatan Bello D’Oleo, a quien asfixiaron por ahorcadura y quemaduras con ácido corrosivo, el 2 de abril de 2010, cuyo cadáver lanzaron en un solar ubicado en la calle Jardín del Este esquina Charles de Gaulle, sector Respaldo Los Tres Ojos; Nelson Tavárez Hernández, cuyo cadáver, encontrado el 27 de marzo 2010 en el sector Los Frailes Segundo, con las manos y los pies atados, mostraba heridas de armas blancas y golpes contusos. También se les acusó de la muerte de Abelis Calderón González, Johan Manuel Rodríguez y el oficial de la Marina de Guerra Romero González. La Policía desmanteló la banda, que fue sometida a la Justicia.

Cumplirán la pena en La Victoria por asesinato

Los sentenciados Joel Castillo Javier y José Kelvisón Rodríguez fueron acusados de asesinar durante un asalto a Winston Rafael Blanco Fernández, propietario de una tienda de ropa, en un hecho ocurrido el 21 de septiembre de 2010.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo ordenó, además, el pago de una indemnización de dos millones de pesos por daños y perjuicios.