Fundador Wikileaks será acusado de peonaje por EE UU

Estados Unidos prosigue su cerco a Julian Assange. Tanto es así que la Administración norteamericana está preparada para aplicar la Ley de Espionaje de 1917 contra el fundador de Wikileaks, según dijeron los abogados de Assange, algo que no sucedía por la filtración de documentos clasificados a un medio de comunicación desde la publicación de los papeles del Pentágono por parte del diario The New York Times en la década de los setenta.

‘Aquí, en EE UU, esperamos que la investigación que estamos llevando a cabo nos permita exigir responsabilidades a la gente que haya diseminado información de forma ilícita’, dijo en rueda de prensa sin concretar nada más el fiscal general, Eric Holder, tras reunirse el jueves en Washington con representantes de la UE, a los que también habló de los posibles cargos que presentará contra Assange, ciudadano australiano pero radicado en Europa que espera su extradición de Reino Unido a Suecia por dos acusaciones de abuso sexual. Con los representantes de la UE, Holder debatió la aplicación de la legislación internacional sobre Assange y de la Ley de Espionaje a ciudadanos extranjeros.

Jennifer Robinson, letrada de Assange, declaró ayer a diversos medios estadounidenses que ‘cualquier persecución bajo la Ley de Espionaje sería inconstitucional y pone en riesgo a todos los medios de comunicación estadounidenses’. ‘Nuestra posición es, por supuesto, que no creemos que sea aplicable al señor Assange, quien además como editor está protegido por la Primera Enmienda’, declaró la abogada en referencia a la primera enmienda de la Constitución de EE UU, que defiende la libertad de prensa.

El Departamento de Justicia declinó hacer comentarios sobre eventuales cargos pero la Ley de Espionaje y los papeles del Pentágono resonaban en los medios. No porque estos últimos sean comparables a las revelaciones de Wikileaks -que no lo son- sino por la posible aplicación de la Ley de Espionaje sobre una filtración periodística.

En 1971, Daniel Ellsberg y Anthony Russo -ya fallecido-, funcionarios de la Administración de Lyndon Johnson que trabajaban para el think tank o laboratorio de ideas Rand Corporation a sueldo del Departamento de Defensa, entregaban a The New York Times más de 7.000 páginas de la agenda oculta de diferentes Administraciones sobre el conflicto de Indochina que dejaban al desnudo las mentiras de cinco presidentes sobre la guerra de Vietnam.

Richard Nixon amenazó al citado diario con aplicarle la Ley de Espionaje si no se abstenía de publicar la información revelada en aquellos documentos. El Times se negó, por lo que el entonces fiscal general, John Mitchell, logró una orden judicial que obligó al periódico a no publicar nada más tras los primeros tres reportajes. Pero los editores del rotativo apelaron y el caso llegó al Tribunal Supremo. A la demanda se unió pronto The Washington Post. El Supremo falló mayoritariamente (seis-tres) a favor de los medios. ‘Solo una prensa libre y sin restricciones puede revelar honestamente los engaños del Gobierno’.

Sin embargo, ni en el Supremo ni en el caso de Ellsberg y Ruso -cuyo juicio fue anulado por errores de procedimiento- los jueces decidieron sobre la vigencia de la Ley de Espionaje de 1917 sobre un caso semejante. La polémica Ley de Espionaje -considerada por algunos como un instrumento creado por Woodrow Wilson para silenciar a quienes opinaban que EE UU no debía de entrar en la I Guerra Mundial- sigue vigente y condena con penas de cárcel el robo de información clasificada y crítica para la seguridad nacional. Se aplicó por última vez en enero de 2006 contra el analista del Pentágono Lawrence A. Franklin, que robó información secreta para un lobby israelí. Cumple 12 años de cárcel.

La ley de 1917 no solo castiga a quien robó la información (en este caso, según Washington, el soldado Bradley Manning, acusado de haber robado información de las redes secretas de Defensa) sino también a quien la recibe y la disemina. En este caso, Assange.