Espionaje interno afectó activos estratégicos de Renault y presentará denuncia

París.- El fabricante automovilístico francés Renault anunció hoy la presentación de una denuncia, tras haber sido objeto de espionaje interno que afecta a sus ‘activos estratégicos’.

En una declaración de la dirección enviada a medios franceses, Renault considera ‘muy graves’ los hechos de espionaje de los que ha sido objeto y señala que afectan a personas que están en posiciones particularmente estratégicas dentro del grupo.

Con la presentación de la denuncia se pretende proteger esos activos, agrega.

Según diversos medios, el espionaje afectó esencialmente a los proyectos de Renault en el desarrollo de un coche eléctrico, en el que la marca francesa ha invertido 4.000 millones de euros junto con su socio japonés Nissan y ha movilizado a 1.700 ingenieros.

El proyecto ha generado ya 56 patentes y el grupo espera registrar otras 34.

Para mediados de año, Renault tiene previsto presentar dos modelos eléctricos, la berlina familiar Fluence y el utilitario Kangoo Express.

Más adelante, en el segundo semestre de este año y mediados de 2012, la marca del rombo tiene previsto presentar el Twizy, que se fabricará en la planta española de Valladolid, y el Zoe.

El número dos del grupo, Patrick Pélata, indicó el pasado martes que Renault tenía la ambición de convertirse en líder mundial de vehículos eléctricos.

Aunque la empresa no ha confirmado la identidad de los tres implicados en el caso de espionaje, la prensa ha desvelado que uno de ellos forma parte del comité de dirección del grupo, que está encabezado por su presidente, Carlos Ghosn, y otro trabaja en el programa de vehículos eléctricos.

El ministro francés de Industria, Éric Besson, confirmó hoy el caso de espionaje, que calificó de ‘grave’, al tiempo que lo contextualizó en una ‘guerra económica’.

En declaraciones a la emisora de radio RTL, el ministro aseguró que ha pedido a los servicios de su departamento que refuercen las obligaciones que tienen que seguir las empresas para garantizar la protección del secreto industrial en las compañías que reciben dinero público.