EE.UU. pide que se agilicen juicios a los inmigrantes detenidos

Filadelfia.- Los inmigrantes que tratan de impedir ser deportados no deberían languidecer durante años en centros federales de detención sin tener audiencias para fijarles fianza, argumentaron el lunes abogados defensores de los derechos civiles.

La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual representa a un residente de Pensilvania que ha estado detenido casi tres años, sugirió establecer una ventana de seis meses para tales audiencias. Cheikh Diop está luchando contra su deportación a su país natal, Senegal, por un caso de drogas que se remonta a 1995.

‘Pensamos, bajo cualquier cristal con que se mire, que tres años de encierro para alguien sin una audiencia para fijarle fianza es irrazonable’, argumentó Judy Rabinovitz, abogada de la ACLU, en la Corte Federal de Apelaciones del tercer Circuito.

Funcionarios del Departamento de Justicia se oponen al establecimiento de cualquier plazo límite, bajo el argumento de que a lo sumo las audiencias debían ser ordenadas con base en caso por caso. Los jueces de inmigración necesitan flexibilidad para evaluar cada situación y estarían abrumados por una regulación de seis meses, señalaron.

Al menos otra corte federal de distrito ha dicho que cada caso debería ser revisado ‘para ver si es razonable’.

‘Cada caso es distinto’, argumentó el lunes el abogado del gobierno Theodore Atkinson.

‘Me inclino a estar de acuerdo’, dijo el juez Julio M. Fuentes. ‘(Pero) me empiezo a preguntar qué es ‘razonable’ cuando la posición del gobierno es que podemos detener a los extranjeros indefinidamente’.

La ACLU cree que entre 500 y 1.000 de las 35.000 personas detenidas por el Departamento de Seguridad Nacional han estado en custodia durante seis meses o más sin audiencia de fianza.

‘Es difícil asegurarlo debido a la forma en que el gobierno lleva sus estadísticas’, comentó Rabinovitz, subdirector del Proyecto Derechos de los Inmigrantes, de la ACLU.

Diop huyó de Senegal en 1990 en medio de torturas y persecución política, dijeron sus abogados. Se estableció en Wilkes-Barre, Pensilvania; trabajó durante años como cocinero de restaurante y tuvo cuatro hijos nacidos en Estados Unidos. En 1995 se declaró culpable de haber vendido cocaína con valor de 100 dólares.

Doce años después fue detenido por esa condena y programado para deportación. Desde entonces ha estado en un centro de detención federal en York.