Anulan licitación del Intrant para red de semáforos; el caso va a la Pepca

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Las “graves irregularidades” detectadas en el proceso de licitación de la red de semáforos inteligentes del Gran Santo Domingo llevó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) a anular el contrato que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant) con la empresa adjudicataria, Transcore Latam SRL., y enviar el caso ante la Procuraduría General de la República para investigación.

“En atención a las violaciones graves al debido proceso, esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer ‘Informe Preliminar de Evaluación de Ofertas Técnicas”, y el “Informe Definitivo de Evaluación de Ofertas Técnicas’, lo que implica la nulidad del referido contrato”, declaró el director de la DGCP, Carlos Pimentel, durante una rueda de prensa ayer.

Añade que la decisión se toma “tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del Intrant, y que se fundamentan en los informes señalados, adolecen de los mismos vicios que afectan su validez”.

Pimentel anunció que concluyó el proceso de investigación de dos de las denuncias presentadas contra la licitación que tenía como finalidad la “contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Sto Dgo”, la que fue adjudicada a Transcore Latam por un monto de 1,317 millones de pesos, pese a que el proceso contemplaba inicialmente un monto de 1,200 millones. Ello compromete al Estado por encima de su disponibilidad y “podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”.

Entre las irregularidades cita indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros.

Varias empresas y un dueño

Sobre la empresa adjudicataria dijo que identificó un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos de aparente utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final. “Ese fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones”, dice.

La DGCP anunció que depositó el expediente ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) para que investigue a Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique a su beneficiario final y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación.

También para que verifique las acciones que pudieran constituirse en indicios de conductas de índole penal. También señala que la empresa adjudicataria presentó información incompleta sobre los socios y que procede que a los servidores y funcionarios que participaron en el procedimiento “responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo”, se les apliquen sanciones según la Ley 340-06.